Fernando Guzmán Pérez

Conocí a Ernesto Ruffo en los tiempos de la lucha por la democracia cuando después de un innovador gobierno municipal en Ensenada, que involucró a la ciudadanía en los asuntos públicos, asumió el reto de competir por la gobernatura de Baja California. 

México tenía 60 años sin un Gobernador que no fuera del partido oficial, que se imponía por la fuerza de la pedagogía del fraude electoral, en la que las elecciones eran sólo el trámite formal para dar apariencia democrática en lo que era la “dictadura perfecta”como la calificó el premio Nobel Mario Vargas Llosa. 

Ruffo generó un respaldo ciudadano de tal magnitud que lo llevó a ganar la elección y a que le fuera respetado el triunfo, ese 2 de julio de 1989 me tocó estar con un equipo ciudadano de observadores electorales que pudo constatar que contaba con más del 85 % de las actas que le otorgaban una ventaja sustancial, dos días después el martes 4 de julio una vez que Ruffo había exhibido las actas, cuando volaba de regreso a Guadalajara recuerdo la algarabia de los pasajeros cuando el piloto anunció que desde la Ciudad de México Luis Donaldo Colosio, presidente nacional del PRI reconocía la derrota y el triunfo de Ernesto Ruffo.

Su gobierno fue de resultados e hizo historia entre otras cosas porque llevó adelante la credencial electoral con fotografía en Baja California cuando el gobierno federal decía que era imposible, lo que permitió alcanzar más tarde la credencial con fotografía del INE para todos los mexicanos. 

Durante y después de su gobierno Ruffo no tuvo escándalos y dió ejemplo de equilibrio y sobriedad.

Así fue Ernesto Ruffo el primer gobernador no oficialista y la lucha por la democracia tomó fuerza en la década de los Noventa de tal forma que el PAN alcanzó el refrendo en Baja California y el gobierno de los Estados de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Queretaro y Aguascalientes para llegar a la presidencia de la República en el año 2,000 con Vicente Fox.

Resulta una ironía trágica que a más de 35 años del triunfo electoral de Ernesto Rufo que abrió paso a una nueva era democrática después del efímero periodo de Francisco I Madero, se convierta a Ruffo en preso político de un régimen que ofreció transformar al país y engañó a millones de mexicanos que ahora contemplan la demolición de las instituciones democráticas que nos llevó más de tres décadas construir a través del diálogo y el acuerdo de los actores políticos y la sociedad. 

Resulta inaudito ver cómo la sociedad y la oposición parecen casi inertes ante este gran atropello contra el orden jurídico que es la forma en que ha sido detenido Ruffo tomando en cuenta que:

Nunca se ocultó sino al contrario compareció ante las instancias persecutorias y proporcionó la información que tenía a su alcance y que apunta a su inocencia del crimen de huachicol del que se  le acusa sin pruebas que acrediten su presunta responsabilidad como el operador del más grande contrabando de combustible que asciende a $600,000 millones, cuando han sido involucrados el ex secretario de Marina y altos funcionarios a los que no se querido tocar. 

Ingemar empresa que ha sido imputada y de la que Ruffo es sólo accionista minoritario, no compraba, ni vendía, ni transportaba, sino sólo hacía trámites ante Aduanas, según lo ha precisado Fernando Gomez Mont abogado defensor de Rufo a quien se ha recluido en Almoya a pesar de tener 74 años y poder ser procesado desde su domicilio en Ensenada, compareció y no se ha ocultado ni ha hecho uso de su doble nacionalidad por haber nacido en San Diego California. 

Las operaciones de Ingemar, de la que ya se ha dicho Rufo es solo socio minoritario, no alcanzan ni el 1% de lo que se ha dicho es el importe del huachicol fiscal. 

El proceso de ha llevado en secreto aún cuando las audiencias deberían ser públicas y se ha recurrido a una juez surgida de la elección del “acordeón “ cuando antes había rechazado expedir las órdenes de aprehensión un juez de carrera judicial. 

La detención consignación y sujeción a proceso de Ernesto Ruffo en estas condiciones es una ignominia y una injusticia que lo inscribe en la categoría de preso político.