La batalla silenciosa que definirá el futuro de América Latina
El silencio del campo en la era de la información
Vivimos pendientes de las pantallas. Un acontecimiento ocurrido a miles de kilómetros puede llegar a nuestros teléfonos en segundos. Sin embargo, existen procesos profundos que rara vez consiguen abrirse paso entre notificaciones, videos y tendencias. Uno de ellos es la transformación del campo latinoamericano.
La cuestión de la tierra parece pertenecer a otra época: revoluciones campesinas, reformas agrarias, latifundios, luchas indígenas. Pero la investigación Derecho al acceso a la tierra y su gobernanza en América Latina y Caribe, coordinada por Susana Nuin y Mario Nudelman, demuestra exactamente lo contrario: la disputa territorial continúa siendo una de las grandes cuestiones estructurales de América Latina.
Desde las primeras páginas, el estudio plantea la magnitud humana del problema: “El acceso a la tierra, el cuidado de los territorios y la dignidad de las comunidades rurales constituyen un clamor histórico en América Latina y el Caribe” (Nuin & Nudelman, 2026, p. 7).
La palabra clamor resulta significativa. La tierra no aparece simplemente como superficie cultivable ni como activo inmobiliario. Detrás de ella están familias campesinas, pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, productores rurales y millones de personas cuya subsistencia depende directa o indirectamente del territorio.
Por eso el problema no puede reducirse a preguntarnos quién tiene una escritura de propiedad. Hay que preguntarse también quién controla el agua, quién produce alimentos, quién protege los bosques, quién puede permanecer en su comunidad y quién termina obligado a abandonarla.
La desigualdad que permanece clavada en el territorio
Cuando hablamos de desigualdad en América Latina pensamos inmediatamente en salarios e ingresos. Sin embargo, existe otra desigualdad mucho más difícil de modificar: la patrimonial, y particularmente la concentración de la tierra. Aquí aparece uno de los datos más reveladores de la investigación.
El estudio señala que el Gini regional de ingresos se encuentra alrededor de 43.5 en la escala porcentual utilizada en esa sección. Cuando se analiza la tenencia de la tierra, la concentración resulta mucho más extrema: el coeficiente se sitúa consistentemente entre 0.75 y 0.85 (Nuin & Nudelman, 2026, p. 35).
Utilizando los datos del informe Desterrados de Oxfam, el libro precisa un Gini de tierras de 0.85 para América del Sur y 0.75 para América Central, cifras superiores a las registradas en Europa, África o Asia (Nuin & Nudelman, 2026, pp. 35–36).
Traducido al lenguaje cotidiano, el dato significa que la distribución de la tierra productiva es extraordinariamente desigual.
Y existe una diferencia fundamental entre la desigualdad del ingreso y la territorial. El dinero circula; la tierra permanece. Puede heredarse, acumularse, concentrarse y convertirse durante generaciones en fuente de poder económico y político.
El propio estudio explica que valores del Gini de tierras superiores a 0.70 corresponden a estructuras agrarias altamente excluyentes, capaces de limitar estructuralmente tanto la movilidad social como el desarrollo económico regional (Nuin & Nudelman, 2026, p. 36).
Ahí encontramos la primera gran paradoja del suelo latinoamericano: una región extraordinariamente rica en tierra mantiene enormes dificultades para distribuir equitativamente el acceso a ella.
Una desigualdad con raíces profundas
La concentración actual tampoco apareció de repente. El estudio reconstruye una trayectoria que comprende herencias coloniales, procesos de reforma agraria, contrarreformas, expansión de la frontera agrícola, crecimiento del agronegocio y nuevas modalidades de control territorial. Su propio índice analítico muestra que comprender el presente exige estudiar esa larga duración histórica y los diferentes ciclos de transformación agraria.
La concentración contemporánea, además, ya no requiere necesariamente ser propietario directo de enormes extensiones.
El libro documenta nuevas modalidades contractuales —como arrendamientos, comodatos o derechos reales de superficie— que permiten ejercer control efectivo sobre grandes extensiones sin que exista necesariamente una transferencia formal de propiedad. Esas transformaciones, particularmente cuando están asociadas a la expansión del agronegocio, han generado desplazamientos y tensiones en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes (Nuin & Nudelman, 2026, p. 36).
Por eso discutir la tierra en el siglo XXI no significa repetir mecánicamente el debate agrario del siglo XX. Los instrumentos económicos cambiaron. Los actores cambiaron. Los mercados cambiaron. Pero la pregunta fundamental permanece: ¿quién controla el territorio?
Tener tierra también significa tener un lugar en el mundo
Existe otra dimensión todavía más profunda. ¿Qué significa para una persona perder su tierra?
Desde una lógica estrictamente económica podría responderse que pierde un activo. Pero para una familia campesina o una comunidad indígena puede significar mucho más: perder vivienda, trabajo, historia, comunidad, identidad y relación con sus antepasados.
Por eso el libro dedica una sección completa a una idea sugerente: “tener un lugar en el mundo”. Entre las dimensiones analizadas aparecen territorio, territorialidad, ancestralidad, identidad, apropiación y arraigo.
Esta visión aparece sintetizada con claridad en el prólogo del Instituto Universitario Sophia: “¿cómo restituir a la tierra su carácter de bien común?” (Nuin & Nudelman, 2026, p. 9).
La pregunta cambia completamente el debate. Si la tierra es únicamente mercancía, su destino debería determinarlo fundamentalmente el mercado. Pero si también es soporte de derechos, cultura, alimentación, comunidad y ecosistemas, entonces su gobernanza exige considerar intereses que van mucho más allá del propietario.
El mismo texto lo expresa de manera inequívoca: “Acceder a la tierra no es solo una cuestión jurídica ni meramente económica. Es una condición para la dignidad humana, la identidad cultural, la relacionalidad comunitaria, de garantía de derechos, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental” (Nuin & Nudelman, 2026, p. 9).
En pocas palabras: quedarse sin tierra puede significar quedarse sin lugar.

Los guardianes que casi nunca aparecen en la fotografía
La discusión adquiere todavía mayor importancia cuando incorporamos la crisis climática.
Durante décadas se presentó con frecuencia a las comunidades rurales e indígenas como poblaciones que debían incorporarse al desarrollo. Hoy sabemos que la relación puede analizarse también en sentido inverso: el resto de la sociedad necesita aprender de quienes han conseguido conservar territorios y ecosistemas durante generaciones.
El marco conceptual de la investigación vincula explícitamente la presencia de pueblos originarios con estrategias eficientes de conservación de algunos de los principales biomas amenazados por el cambio climático (Nuin & Nudelman, 2026, p. 35).
Esta perspectiva obliga a modificar la pregunta. Ya no se trata únicamente de determinar cuánto territorio ocupan las comunidades, sino qué funciones sociales y ecológicas cumplen esos territorios.
Cuando una comunidad protege un bosque, un humedal o una cuenca, no conserva solamente su patrimonio. Está generando beneficios ambientales que trascienden sus propias fronteras.
Defender derechos territoriales puede ser, simultáneamente, una política de derechos humanos y una política climática.
El continente se urbaniza y el campo pierde habitantes
Existe otra transformación menos espectacular, pero igualmente profunda: América Latina se ha convertido en una región eminentemente urbana.
El libro señala que, con datos correspondientes a 2024, Uruguay, Puerto Rico y Argentina superan el 90 % de población urbana, mientras que Chile, Brasil y Venezuela presentan niveles superiores al 85 % (Nuin & Nudelman, 2026, p. 38).
La urbanización no es negativa por sí misma. Puede representar mejores oportunidades educativas, sanitarias, laborales y culturales.
El problema aparece cuando el desplazamiento rural no responde a una decisión libre, sino a condiciones que vuelven inviable permanecer en el territorio.
La expansión del agronegocio y otras transformaciones de la estructura agraria han estado asociadas, según la investigación, con desplazamientos poblacionales y profundas tensiones territoriales (Nuin & Nudelman, 2026, p. 36).
El resultado puede ser paradójico: mientras las ciudades continúan creciendo, disminuye la población directamente vinculada con la producción de alimentos y el cuidado cotidiano del territorio.
El campo puede quedar cada vez más productivo en términos de mercancías y, al mismo tiempo, cada vez menos habitado por comunidades.
¿Quién producirá nuestros alimentos?
Aquí la cuestión territorial deja de ser un problema exclusivamente campesino. Una ciudad puede vivir aparentemente desconectada del campo, pero necesita comer todos los días.
Detrás de cada tortilla, taza de café, fruta, verdura o kilogramo de carne existe tierra. También existen agua, trabajo, infraestructura, conocimientos y comunidades.
Por eso la relación entre acceso a la tierra y seguridad alimentaria resulta fundamental. El propio libro incluye explícitamente la seguridad alimentaria entre las dimensiones asociadas al acceso territorial (Nuin & Nudelman, 2026, p. 9).
Cuando desaparecen pequeños productores o se debilitan economías rurales, no estamos solamente frente a un cambio demográfico. Se modifica también la estructura que sostiene los sistemas alimentarios.
El ciudadano urbano quizá nunca pise una parcela agrícola, pero depende de ella varias veces al día.
De la asistencia a la incidencia
Otro de los aspectos interesantes de la investigación es el cambio de perspectiva de las organizaciones que trabajan en los territorios.
Cáritas Latinoamérica y el Caribe explica que la realización del estudio buscó construir un “diagnóstico riguroso y actualizado” y formula un principio particularmente relevante:
“Comprendemos que, para encarnar la caridad y la justicia, la acción territorial debe sostenerse en el conocimiento científico” (Nuin & Nudelman, 2026, p. 7).
La afirmación implica un cambio importante. Ayudar a una comunidad cuando aparece una emergencia continúa siendo indispensable. Pero si las causas que producen pobreza, desplazamiento o inseguridad permanecen intactas, la asistencia por sí sola resulta insuficiente.
De ahí la importancia de combinar acompañamiento social con investigación, información territorial, formación, capacidad jurídica e incidencia en políticas públicas.
El estudio describe su propia metodología como un proceso en el que participaron instituciones, investigadores y comunidades de diferentes lugares. Desde esa experiencia sostiene: “Este trabajo en red refleja la ‘cultura del encuentro’ que buscamos promover” (Nuin & Nudelman, 2026, p. 7).
La transformación territorial, desde esta perspectiva, no puede imponerse desde un escritorio. Necesita construir conocimiento con quienes viven los problemas.
Tierra, Techo y Trabajo: derechos que se encuentran
Esta mirada conecta con las conocidas “Tres T” —Tierra, Techo y Trabajo— impulsadas por el papa Francisco y recogidas expresamente por la investigación.
El prólogo del Programa Latinoamericano y Caribeño de Tierras y Aguas señala que el estudio se inscribe precisamente en ese compromiso y en la búsqueda de evidencia científica y testimonial sobre el acceso a la tierra y su gobernanza (Nuin & Nudelman, 2026, p. 8).
El propio índice del libro dedica un apartado al “Protagonismo de los Movimientos Sociales: Tierra, Techo, Trabajo como Derechos Sagrados” y otro específicamente a la tierra “más allá del factor de producción”.
La relación entre las tres dimensiones es evidente. Sin tierra resulta difícil producir. Sin trabajo no existe autonomía económica. Sin techo no existe seguridad familiar.
No son compartimentos independientes. Constituyen condiciones materiales que permiten a las personas desarrollar un proyecto de vida.
La gobernanza: mucho más que tener buenas leyes
Existe una palabra que atraviesa toda la investigación: gobernanza. Puede sonar técnica, pero expresa una cuestión muy concreta: cómo se toman las decisiones sobre el territorio, quién participa en ellas, qué intereses prevalecen y qué mecanismos existen para resolver los conflictos.
Una nación puede poseer leyes agrarias muy avanzadas y, sin embargo, mantener comunidades incapaces de ejercer efectivamente sus derechos.
Por ello, el estudio propone integrar información, derechos y resiliencia dentro de la gobernanza territorial y vincula expresamente esta última con la reducción del riesgo territorial.
Gobernar la tierra significa, por tanto, mucho más que administrar catastros. Significa decidir sobre agua, producción, conservación, infraestructura, propiedad, comunidades y recursos naturales.
Y, sobre todo, significa decidir quién tiene voz en esas decisiones.

De objetos de política pública a protagonistas
Uno de los aspectos más valiosos del planteamiento es precisamente el reconocimiento de las comunidades como actores.
Las recomendaciones estratégicas son reveladoras. El libro propone formar desde una comprensión territorial integral; priorizar la escucha profunda y el diálogo intercultural; fortalecer capacidades jurídicas sin sustituir la conducción comunitaria; incorporar transversalmente la perspectiva de género; proteger la seguridad comunitaria; fortalecer la memoria histórica y evitar el asistencialismo para favorecer la autonomía organizativa (Nuin & Nudelman, 2026, pp. 139–141).
Hay un cambio de paradigma detrás de estas recomendaciones. Una comunidad no debe ser únicamente beneficiaria de una política territorial. Debe convertirse en protagonista de su gobernanza.
Eso implica pasar de hacer cosas para las comunidades a construir soluciones con ellas.
Tierra, poder y paz
Quizá la conclusión más importante sea que la cuestión agraria no puede separarse de la paz.
Cuando unas personas poseen territorio y otras carecen de él; cuando las comunidades pierden acceso al agua; cuando los habitantes originales no participan en decisiones sobre los recursos naturales; cuando la expansión económica produce desplazamiento, las tensiones dejan de ser exclusivamente productivas. Se convierten en conflictos sociales y políticos.
El libro señala expresamente que la disputa por la tierra y el territorio se ha convertido en uno de los principales ejes de conflicto social, ambiental y político en distintos países latinoamericanos (Nuin & Nudelman, 2026, pp. 36–37).
Por eso la gobernanza territorial es también prevención de violencia.
Allí donde existen instituciones legítimas, derechos reconocidos, información transparente y mecanismos efectivos de participación, existen mejores condiciones para procesar los conflictos sin convertirlos en violencia.
La verdadera paradoja del suelo
América Latina posee una riqueza territorial extraordinaria. Tiene algunos de los grandes bosques del planeta, enormes reservas de agua dulce, biodiversidad excepcional y una gigantesca capacidad de producción agropecuaria.
Y, sin embargo, conserva una de las estructuras de propiedad territorial más desiguales del mundo. Esa es la verdadera paradoja.
Tenemos tierra, pero millones carecen de acceso suficiente a ella. Tenemos alimentos, pero persiste la inseguridad alimentaria. Tenemos enormes ecosistemas, pero quienes históricamente los han protegido enfrentan presiones territoriales. Tenemos ciudades cada vez más grandes mientras numerosas comunidades rurales luchan por seguir existiendo.
Tenemos información como nunca antes, pero algunas de las transformaciones más importantes del territorio permanecen prácticamente invisibles para buena parte de la sociedad.
El suelo que pisamos también decide nuestro futuro
La discusión sobre la tierra podría parecer lejana para quien vive en un departamento, trabaja frente a una computadora y nunca ha cultivado una parcela. No lo es.
La tierra está detrás de nuestros alimentos, del agua, de los bosques que capturan carbono, de la biodiversidad, de las materias primas y de buena parte de la estabilidad ambiental.
Por eso resulta particularmente significativa la aspiración con la que Cáritas presenta la investigación: contribuir a construir una región “donde la tierra sea fuente de vida, paz y dignidad” (Nuin & Nudelman, 2026, p. 7).
Tal vez ahí esté la clave. El gran debate latinoamericano del siglo XXI no debería limitarse a decidir cuánto vale la tierra, sino preguntarse para qué sirve, a quién sostiene, quién la cuida y qué obligaciones nacen de poseerla.
Porque el suelo es simultáneamente patrimonio, alimento, ecosistema, hogar, memoria y futuro. Y si queremos comprender las desigualdades profundas de América Latina, quizá debamos dejar por un momento de mirar únicamente hacia las pantallas y volver la mirada hacia abajo. Hacia la tierra que pisamos.
Te invitamos a ver el video de “Laicos en la Vida Pública” sobre el tema:
Así como la presentación:
La paradoja del suelo – Google Drive

Referencia
Nuin, S., & Nudelman, M. (Coords.). (2026, junio). Derecho al acceso a la tierra y su gobernanza en América Latina y Caribe. Cáritas Latinoamérica y el Caribe, Programa Latinoamericano y Caribeño de Tierras y Aguas hacia una Fraternidad Posible e Instituto Universitario Sophia América Latina y el Caribe. Derecho al acceso a la tierra y su gobernanza en América Latina y Caribe – Programa Latinoamericano de Tierras y Aguas
