Una lectura desde la Doctrina Social de la Iglesia sobre los límites del poder, la comunicación y la responsabilidad ciudadana
Introducción: una pregunta que rebasa la regulación de los medios
¿Quién decide qué es verdad?
La pregunta parece filosófica, pero en el México contemporáneo ha adquirido una dimensión jurídica, política, comunicativa y profundamente ética. La consulta pública convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias (CRT. 2026) abre una discusión que trasciende los procedimientos administrativos y alcanza uno de los fundamentos de toda sociedad democrática: la relación entre verdad, libertad, conciencia y poder.
La consulta fue publicada el 24 de julio de 2026 y comprende el periodo del 27 de julio al 21 de agosto. De acuerdo con la propia autoridad, su objetivo es recibir «comentarios, opiniones, aportaciones u otros elementos de análisis» acerca de los mecanismos mediante los cuales televidentes y radioescuchas puedan ejercer sus derechos como audiencias (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones [CRT], 2026).
La finalidad declarada —proteger derechos— merece reconocimiento. El problema comienza cuando los mecanismos concebidos para garantizar esa protección pueden otorgar a la autoridad facultades susceptibles de incidir en ámbitos como la libertad de expresión, la autonomía editorial, la libertad religiosa o la formación de la conciencia.
El dilema, por tanto, no debe plantearse simplistamente entre regulación y ausencia de regulación. La cuestión fundamental es otra:
¿Cómo proteger a las audiencias sin convertir al Estado en árbitro de la verdad?
Desde la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), la respuesta requiere articular varios principios: dignidad humana, verdad, libertad, subsidiariedad, participación, pluralismo y bien común. Pero, significativamente, esos principios encuentran puntos de convergencia con la Constitución mexicana y con el sistema interamericano de derechos humanos.
No estamos, por tanto, solamente ante una preocupación religiosa. Estamos ante una cuestión democrática.
1. La verdad existe, pero no pertenece al poder
La primera precisión resulta indispensable. Defender la libertad de expresión no significa afirmar que todas las opiniones sean verdaderas ni que la mentira carezca de consecuencias. La tradición social católica jamás ha identificado libertad con relativismo. Pero tampoco admite que la verdad pueda convertirse en propiedad administrativa del poder.
San Juan XXIII reconoció entre los derechos fundamentales de la persona «la posibilidad de buscar la verdad libremente» (Juan XXIII, 1963, n. 12). La elección del verbo es decisiva: buscar.
La persona humana no es un recipiente pasivo al que una autoridad entrega verdades terminadas. Está dotada de inteligencia, voluntad y conciencia; por ello puede investigar, contrastar, dialogar, equivocarse, rectificar y aproximarse responsablemente a la verdad.
El Concilio Vaticano II estableció un principio todavía más profundo: «la verdad no se impone de otra manera, sino por la fuerza de la misma verdad» (Concilio Vaticano II, 1965, n. 1). Esta afirmación de Dignitatis humanae no proclama indiferencia ante la verdad. Todo lo contrario: reconoce su fuerza, pero precisamente por ello rechaza su imposición mediante coacción.
El mismo documento explica que «la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social» (Concilio Vaticano II, 1965, n. 3). Esa búsqueda exige investigación libre, comunicación, enseñanza y diálogo.
La verdad, desde esta perspectiva, necesita libertad para ser auténticamente reconocida. Esta doctrina adquiere especial importancia ante el señalamiento formulado por la Conferencia del Episcopado Mexicano en torno al proyecto regulatorio: «Ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad» (Conferencia del Episcopado Mexicano [CEM], 2026, n. 5).
La CEM formula inmediatamente una distinción fundamental entre la verdad periodística —que implica contrastar, verificar, diferenciar hechos de opiniones y rectificar errores— y aquellas convicciones que pertenecen al ámbito de la conciencia.
Su conclusión sintetiza el núcleo del problema: «La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural» (CEM, 2026, n. 5). Esta afirmación encuentra consonancia con Dignitatis humanae: la verdad se busca; no se administra.
2. La dignidad humana precede al Estado
La DSI comienza siempre por la persona. No por el mercado. No por el partido. No por el medio de comunicación. Tampoco por el Estado.
El Concilio Vaticano II enseña que el derecho a la libertad religiosa se funda «en la dignidad misma de la persona humana» (Concilio Vaticano II, 1965, n. 2). Esta afirmación posee una consecuencia política trascendental: los derechos fundamentales no son concesiones del poder. El Estado los reconoce porque pertenecen previamente a la persona.
De ahí que Dignitatis humanae sostenga que nadie debe ser obligado a actuar contra su conciencia ni impedido de actuar conforme a ella dentro de los límites del justo orden público (Concilio Vaticano II, 1965, n. 2).
La conciencia no significa subjetivismo absoluto. Debe formarse y orientarse hacia la verdad y el bien. Pero precisamente porque la persona es un sujeto moral responsable, ninguna autoridad puede sustituir permanentemente su capacidad de discernimiento.
Este principio permite formular una diferencia esencial entre protección y tutela. Proteger consiste en crear condiciones para que la persona ejerza responsablemente sus derechos. Tutelar, en cambio, puede llegar a significar decidir por ella aquello que está autorizada a considerar verdadero. La primera fortalece la ciudadanía. La segunda corre el riesgo de infantilizarla.
3. La Constitución mexicana: libertad frente a la inquisición administrativa
Esta concepción no pertenece exclusivamente a la tradición católica. El artículo 6.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: «La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa» (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917/2026, art. 6.º).
La Constitución establece también límites jurídicos específicos y dispone que el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado. La fórmula constitucional resulta especialmente significativa: garantizado por el Estado, no definido intelectualmente por él.
El artículo 7.º profundiza todavía más: «Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas» (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917/2026, art. 7.º). El propio orden constitucional prohíbe restringir ese derecho mediante vías o medios indirectos.
Por ello, una política pública destinada legítimamente a proteger audiencias debe ser sometida a una prueba rigurosa: sus conceptos deben ser suficientemente claros para impedir que categorías indeterminadas terminen convirtiéndose en instrumentos discrecionales.
No toda regulación constituye censura. Pero toda regulación que afecte libertades fundamentales debe satisfacer exigencias particularmente estrictas de legalidad, claridad, necesidad, proporcionalidad y previsibilidad.
4. La Convención Americana: buscar, recibir y difundir
El sistema interamericano fortalece esta misma arquitectura. El artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos proclama: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión» (Organización de los Estados Americanos [OEA], 1969, art. 13.1). Este derecho comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
La Convención establece además que el ejercicio de esta libertad no puede estar sometido a censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores establecidas por ley bajo condiciones determinadas (OEA, 1969, art. 13.2).
Todavía más pertinente resulta el artículo 13.3: «No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos» (OEA, 1969, art. 13.3).
Surge aquí una convergencia significativa. La DSI habla de dignidad, conciencia y búsqueda libre de la verdad. La Constitución mexicana protege la manifestación y difusión de ideas. La Convención Americana protege el derecho a buscar, recibir y difundir información.
Tres tradiciones normativas diferentes convergen sobre una misma intuición: una sociedad libre necesita circulación de ideas y límites claros al poder que pudiera restringirlas.
5. Libertad de expresión no significa derecho a mentir
Sería un grave error interpretar lo anterior como una defensa de la irresponsabilidad informativa. La DSI es particularmente exigente respecto de la verdad en la comunicación.
El decreto conciliar Inter mirifica afirma que el recto ejercicio del derecho a la información exige que: «la comunicación sea siempre verdadera e íntegra» (Concilio Vaticano II, 1963, n. 5). Y añade que deben respetarse la justicia, la caridad, los derechos legítimos y la dignidad humana.
La instrucción pastoral Communio et progressio establece igualmente: «Es necesario que toda comunicación se ajuste a la ley primordial de la sinceridad, de la honradez y de la verdad» (Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social, 1971, n. 17).
Esto impone obligaciones morales y profesionales reales. El periodista debe verificar. El comunicador debe distinguir hechos de opiniones. Los medios deben corregir errores. Las plataformas deben asumir responsabilidades compatibles con su función. Y los ciudadanos también debemos evitar convertirnos en propagadores inconscientes de falsedades.
Pero una cosa es exigir responsabilidad en los procedimientos mediante los cuales buscamos y comunicamos la verdad, y otra diferente es conferir a una autoridad política capacidad para convertirse en instancia definitiva de la verdad. La primera exigencia fortalece la comunicación. La segunda puede debilitar la libertad.
6. La autorregulación y el principio de subsidiariedad
Aquí aparece uno de los principios fundamentales de la DSI: la subsidiariedad.
Una instancia superior debe ayudar cuando las personas, comunidades o instituciones inferiores no pueden alcanzar adecuadamente determinados bienes. Pero no debe absorber aquello que éstas pueden realizar responsablemente por sí mismas.
Aplicado al ámbito comunicativo, significa que el Estado posee responsabilidades legítimas. Debe proteger derechos. Debe prevenir abusos. Debe establecer reglas claras. Debe garantizar procedimientos de defensa. Debe procurar que los grupos vulnerables no queden indefensos. Pero también debe reconocer la autonomía legítima de medios, periodistas, defensores de audiencias, universidades, organizaciones sociales y ciudadanos.
Por ello adquiere especial relevancia la advertencia de la CEM: «La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación» (CEM, 2026, n. 8).
Esta frase expresa prácticamente una aplicación contemporánea del principio de subsidiariedad. Un código de ética posee valor precisamente porque una comunidad profesional asume voluntariamente obligaciones superiores al mínimo jurídico. Cuando la ética se convierte exclusivamente en cumplimiento burocrático, corre el riesgo de perder su dimensión moral. El desafío consiste, entonces, en construir instituciones responsables sin convertirlas en instituciones tuteladas.
7. La libertad de información es también un bien común
La información no pertenece únicamente al periodista ni al propietario del medio. Tiene una función social.
Communio et progressio afirma: «La libertad de opinión y el derecho a informarse y a informar, son inseparables» (Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social, 1971, n. 33).
La instrucción explica además que una sociedad necesita ciudadanos bien informados y llega a considerar el derecho a la información como una verdadera exigencia del bien común.
En las sociedades pluralistas interesa poder «difundir libremente noticias y opiniones» para que los ciudadanos participen activamente en la vida social (Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social, 1971, n. 46).
Aquí aparece una dimensión frecuentemente olvidada. La libertad de expresión no protege solamente a quien habla. Protege también a quien escucha. Cuando se restringe indebidamente una opinión, no solamente pierde libertad quien pretendía expresarla. También pierde algo el ciudadano que tenía derecho a conocerla, analizarla, contrastarla y, llegado el caso, rechazarla.
Por eso la libertad informativa posee una dimensión comunitaria. Es parte de la infraestructura del bien común.
8. Pluralismo y libertad religiosa
La calidad de una democracia no se mide solo por la libertad de las ideas aceptadas por la mayoría. Se mide también por la protección de las voces minoritarias, críticas o incómodas.
Esto adquiere particular importancia respecto de la libertad religiosa. Juan Pablo II afirmó que la libertad religiosa «está en la base de todas las otras libertades» y que se encuentra inseparablemente vinculada a ellas por razón de la dignidad humana (Juan Pablo II, 1978).
La Convención Americana protege igualmente la libertad de conciencia y religión, incluyendo la libertad de profesar y divulgar las propias creencias individual o colectivamente, en público y en privado (OEA, 1969, art. 12.1).
La CEM lleva este principio al terreno específico de los derechos de las audiencias al advertir sobre la necesidad de proteger el pluralismo y evitar que las convicciones religiosas queden sometidas a «juicios administrativos de veracidad» (CEM, 2026, n. 7).
El principio debe aplicarse universalmente. Debe proteger al católico. Al evangélico. Al judío. Al musulmán. Al integrante de cualquier tradición religiosa. Y también al agnóstico y al ateo.
El pluralismo auténtico no consiste en que el Estado determine qué cosmovisiones son aceptables. Consiste en garantizar un espacio público donde diferentes convicciones puedan expresarse, argumentarse y confrontarse pacíficamente, respetando los derechos de los demás.
9. La alternativa más profunda: educar para discernir
Aquí se encuentra probablemente la aportación más fecunda de la DSI al debate. ¿Cómo combatir la mentira, la manipulación y la desinformación?
Una respuesta consiste en aumentar controles. Otra, más profunda y duradera, consiste en formar personas capaces de discernir.
Inter mirifica ya afirmaba en 1963: «Es especialmente necesario que todos los interesados se formen una recta conciencia sobre el uso de estos medios» (Concilio Vaticano II, 1963, n. 5).
Más de seis décadas después, esta recomendación parece escrita para nuestra época.
Vivimos rodeados de algoritmos, redes sociales, contenidos virales, inteligencia artificial generativa, imágenes sintéticas, cámaras de eco y mecanismos capaces de explotar nuestros sesgos emocionales.
Ante esta realidad, ninguna autoridad puede verificar por nosotros cada información que recibiremos durante nuestra vida.
Necesitamos ciudadanos capaces de preguntar: ¿Quién lo afirma? ¿Dónde está la fuente? ¿Es un hecho o una opinión? ¿Existe evidencia? ¿Ha sido descontextualizado? ¿Quién se beneficia de que yo lo crea? ¿Estoy compartiéndolo porque es verdadero o porque confirma mis prejuicios?
Por eso la alfabetización mediática debe considerarse infraestructura democrática.
La CEM ha propuesto precisamente colaborar mediante su red educativa y pastoral en programas de educación y alfabetización mediática y en la formación de audiencias críticas (CEM, 2026, n. 11).
Y sintetiza esta concepción en una frase particularmente poderosa: «La primera defensa de la verdad no es un reglamento, es una conciencia formada» (CEM, 2026, n. 12).
Censurar parte de la desconfianza hacia la capacidad del ciudadano. Educar apuesta por desarrollarla.
10. El diálogo como método democrático de búsqueda de la verdad
El papa Francisco aporta otro elemento indispensable. En Fratelli tutti afirma: «Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo» (Francisco, 2020, n. 50).
La frase parece sencilla, pero contiene una verdadera filosofía democrática. Buscar juntos significa aceptar que ninguno de nosotros agota individualmente la comprensión de la realidad. No significa que la verdad dependa de una votación. Significa que nuestra aproximación humana a ella se beneficia del encuentro, la crítica, la evidencia, la escucha y el contraste.
Francisco desarrolla después una hermosa definición: «Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo “dialogar”» (Francisco, 2020, n. 198).
Una democracia necesita precisamente estas capacidades. Necesita gobiernos capaces de escuchar críticas. Periodistas capaces de investigar al poder. Ciudadanos capaces de cambiar de opinión ante mejores argumentos. Académicos capaces de cuestionar consensos. Creyentes capaces de ofrecer públicamente sus convicciones sin imponerlas. Y adversarios capaces de reconocerse mutuamente como personas.
El diálogo no elimina la verdad. Es uno de los caminos humanos para buscarla.
11. Libertad tampoco significa ausencia de límites
La defensa de la libertad debe evitar caer en otro extremo. Juan Pablo II recordó a los periodistas: «Ninguna libertad, ni siquiera la libertad de expresión, es absoluta» (Juan Pablo II, 2000, n. 4).
El Papa explica inmediatamente que esa libertad encuentra límites en el deber de respetar la dignidad y la legítima libertad de los demás (Juan Pablo II, 2000, n. 4).
Esta precisión resulta fundamental. La DSI no propone una libertad anárquica. Existen responsabilidades. Puede haber responsabilidades ulteriores por determinados abusos. Existen derechos de terceros. Existe la dignidad de las personas. Existe el bien común.
Pero precisamente porque existen límites legítimos, éstos deben estar definidos con claridad suficiente para impedir arbitrariedades.
La libertad necesita responsabilidad, pero la responsabilidad necesita Estado de derecho.
12. Verdad y libertad: una relación inseparable
El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales sintetizó magistralmente esta relación:
«La comunicación debe ser siempre veraz, puesto que la verdad es esencial a la libertad individual y a la comunión auténtica entre las personas» (Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, 2000, n. 20).
Esta formulación permite superar la falsa disyuntiva entre verdad y libertad. Sin verdad, la libertad puede ser manipulada. Sin libertad, la verdad puede convertirse en instrumento del poder. Sin responsabilidad, ambas pueden degradarse. La sociedad democrática necesita las tres.
Juan XXIII había establecido en Pacem in terris que la convivencia humana debe fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y afirmaba que la sociedad humana se desarrolla «conjuntamente con la libertad» mediante sistemas ajustados a la dignidad de la persona (Juan XXIII, 1963, n. 35).
La libertad no es, entonces, enemiga de la verdad. Es condición para buscarla responsablemente.
13. De audiencias protegidas a ciudadanos corresponsables
Hay finalmente un cambio cultural que debemos asumir. Durante décadas pensamos al ciudadano fundamentalmente como receptor de información. Hoy todos somos también emisores. Recibimos. Comentamos. Compartimos. Editamos. Recomendamos. Viralizamos. Interpretamos. Y, algunas veces, desinformamos.
Por ello, la responsabilidad ética de la comunicación ya no pertenece exclusivamente a periodistas y medios profesionales. También pertenece a cada ciudadano. La DSI denomina a esto participación y corresponsabilidad.
La CEM recuerda que la democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan y no cuando permanecen en silencio (CEM, 2026, n. 9).
Participar en la consulta pública, estudiar los lineamientos, formular observaciones técnicamente sustentadas y exigir reglas compatibles con la Constitución no constituye una confrontación contra el Estado. Es ciudadanía.
El bien común no se construye únicamente desde el gobierno. Se construye mediante la interacción responsable entre Estado y sociedad.
Conclusión: un Estado garante, no propietario de la verdad
La discusión sobre los derechos de las audiencias nos coloca frente a una decisión mucho más profunda de lo que parece. No tenemos que escoger entre ciudadanos indefensos y ciudadanos censurados. Entre medios irresponsables y medios controlados. Entre verdad y libertad.
Podemos construir algo mejor. Un Estado fuerte para garantizar derechos, pero limitado para respetar conciencias. Medios libres, pero responsables. Periodistas independientes, pero comprometidos con la verdad. Audiencias protegidas, pero también educadas. Comunidades religiosas libres, junto con ciudadanos no creyentes igualmente libres.
Instituciones capaces de sancionar conductas jurídicamente ilícitas sin transformarse en tribunales administrativos de las ideas.
La Doctrina Social de la Iglesia proporciona para ello una arquitectura extraordinariamente equilibrada: dignidad humana, verdad, libertad, subsidiariedad, participación y bien común.
La Constitución mexicana aporta garantías fundamentales para la manifestación y difusión de las ideas (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917/2026, arts. 6.º-7.º).
La Convención Americana protege la libertad de conciencia, pensamiento y expresión y prohíbe restricciones indirectas (OEA, 1969, arts. 12-13).
El Magisterio recuerda que la verdad debe buscarse de manera acorde con la dignidad humana y que no puede imponerse mediante coacción (Concilio Vaticano II, 1965, nn. 1-3).
Y el episcopado mexicano ha formulado una síntesis particularmente pertinente: «La verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente» (CEM, 2026, n. 13).
Esa afirmación contiene, en buena medida, el horizonte hacia el cual debería dirigirse una auténtica política de protección de las audiencias. La verdad importa demasiado para entregarla al relativismo. Pero también importa demasiado para entregarla al poder.
Por eso el desafío democrático no consiste en construir una autoridad que piense por nosotros, sino una sociedad capaz de formar ciudadanos que sepan pensar, discernir, contrastar, dialogar y buscar responsablemente la verdad.
La pregunta inicial — ¿quién decide qué es verdad? — encuentra entonces una respuesta más exigente que cualquier solución administrativa.
La verdad no necesita dueño. Necesita personas libres que la busquen, instituciones que permitan expresarla, medios responsables que procuren comunicarla y un Estado que garantice las condiciones para que nadie pueda apropiarse de ella.
Porque cuando el poder decide unilateralmente la verdad, la libertad peligra. Cuando la libertad renuncia a la verdad, la convivencia se degrada.
Pero cuando verdad, libertad y responsabilidad caminan juntas, la democracia puede convertirse verdaderamente en una comunidad de personas dignas, conscientes y corresponsables del bien común.
Te invitamos a ver el video de “Laicos en la Vida Pública” sobre el tema:
Así como la presentación:
La verdad, la libertad y la conciencia – Google Drive
Referencias
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917/2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2026). Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios.
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. (2026, 24 de julio). Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Consulta pública.
Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias
Concilio Vaticano II. (1963, 4 de diciembre). Inter mirifica: Decreto sobre los medios de comunicación social. Santa Sede.
Concilio Vaticano II. (1965, 7 de diciembre). Dignitatis humanae: Declaración sobre la libertad religiosa. Santa Sede.
Conferencia del Episcopado Mexicano. (2026, 13 de agosto). Consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Conferencia del Episcopado Mexicano.
Francisco. (2020, 3 de octubre). Fratelli tutti: Carta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. Santa Sede.
Fratelli tutti (3 de octubre de 2020)
Juan XXIII. (1963, 11 de abril). Pacem in terris: Carta encíclica sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Santa Sede.
Pacem in terris (11 de abril de 1963)
Juan Pablo II. (1978, 2 de diciembre). Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas con ocasión del XXX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Santa Sede.
Mensaje al secretario de la ONU (2 de diciembre de 1978)
Juan Pablo II. (2000, 4 de junio). Discurso de Su Santidad Juan Pablo II a los periodistas con motivo de su Jubileo. Santa Sede.
A los periodistas con motivo de su Jubileo (4 de junio de 2000)
Organización de los Estados Americanos. (1969, 22 de noviembre). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
convencion-americana-derechos-humanos.pdf
Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social. (1971, 23 de mayo). Communio et progressio: Instrucción pastoral sobre los medios de comunicación social. Santa Sede.
Instrucción Pastoral Communio et Progressio (23 de mayo de 1971)
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. (2000, 4 de junio). Ética en las comunicaciones sociales. Santa Sede.