Entre el legado de López Obrador, el gobierno de Claudia Sheinbaum, la estrategia de Omar García Harfuch y la creciente presión de Estados Unidos
México podría estar entrando en una etapa política cualitativamente diferente. La disputa por el poder ya no se explica solamente por la confrontación tradicional entre gobierno y oposición, izquierda y derecha, Morena y sus adversarios. Una nueva línea de fractura atraviesa al propio régimen surgido en 2018: la relación entre política, delincuencia organizada, corrupción, contrabando de combustibles y estructuras territoriales de poder.
El problema no nació con Morena. La llamada narcopolítica tiene antecedentes profundos en la historia mexicana. Durante décadas, organizaciones criminales buscaron protección policial, penetraron gobiernos municipales y estatales, corrompieron instituciones y establecieron relaciones con sectores empresariales y políticos. Los casos de Genaro García Luna —sentenciado en Estados Unidos por su colaboración con el Cártel de Sinaloa— y del general Salvador Cienfuegos —detenido en Estados Unidos y posteriormente devuelto a México— demostraron que el problema podía alcanzar incluso las más altas estructuras del Estado.
La diferencia actual es otra: la acumulación de investigaciones mexicanas y estadounidenses comienza a coincidir con una sucesión interna de la Cuarta Transformación y con dos procesos electorales decisivos: las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre de 2026 y las elecciones mexicanas de junio de 2027.
Por ello, la cuestión de la narcopolítica ya no puede analizarse exclusivamente desde la criminología. Se ha convertido también en un problema de gobernabilidad, seguridad nacional y sucesión política.
De la protección política a la captura territorial
Durante mucho tiempo existió en México una interpretación relativamente sencilla de la relación entre narcotráfico y política: el delincuente pagaba a una autoridad para obtener protección. Esa explicación resulta hoy insuficiente.
El desarrollo de algunas organizaciones criminales muestra estructuras mucho más complejas. Los grupos delictivos no solamente buscan protección; necesitan controlar territorios, policías municipales, fiscalías, carreteras, puertos, aduanas, mercados, transporte, gobiernos locales y, en ciertos casos, procesos electorales.
El narcotráfico clásico, además, se ha diversificado. Junto al comercio de cocaína, metanfetaminas, heroína o fentanilo aparecen la extorsión, el tráfico de migrantes, la minería ilegal, el control de mercados agrícolas, el cobro de piso y, de manera particularmente significativa, el robo y contrabando de combustibles.
El huachicol fiscal muestra precisamente esa transformación. No se trata simplemente de perforar ilegalmente un ducto de Pemex. El esquema puede requerir importadores, facturas falsas, agentes aduanales, depósitos, transportistas, empresas comercializadoras, funcionarios públicos y redes financieras.
El propio gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido durante 2026 que existen importantes investigaciones sobre contrabando de combustibles y que la Fiscalía General de la República mantiene carpetas abiertas y prepara nuevas órdenes de aprehensión. La presidenta ha señalado que se han reforzado aduanas, congelado cuentas y realizado detenciones; Omar García Harfuch ha confirmado que existen investigaciones en curso que, por su naturaleza, no pueden hacerse públicas anticipadamente.
Aquí surge una primera conclusión. Cuando una economía criminal alcanza ese grado de sofisticación, resulta difícil explicarla exclusivamente por la actividad clandestina de delincuentes. Necesita zonas de tolerancia, corrupción o complicidad institucional. Y esa es precisamente la frontera entre delincuencia organizada y narcopolítica.
El caso Sinaloa cambia el nivel de la discusión
Un acontecimiento ocurrido el 29 de abril de 2026 modificó significativamente el escenario. El Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por supuesta participación en una conspiración relacionada con narcotráfico y armas. La acusación estadounidense sostiene que algunos funcionarios habrían protegido actividades del Cártel de Sinaloa y facilitado información sensible. El expediente incluso plantea presuntos intercambios entre protección gubernamental y respaldo político.
Debe hacerse una precisión indispensable: una acusación judicial no equivale a una sentencia. Los señalados conservan plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una resolución definitiva. El propio Departamento de Justicia estadounidense subraya esa condición. Sin embargo, desde una perspectiva política, el acontecimiento es extraordinario. Estados Unidos ya no está investigando únicamente narcotraficantes mexicanos. Está colocando bajo investigación formal a integrantes relevantes del sistema político mexicano. Y eso crea una nueva variable para la estabilidad del régimen.
Sheinbaum frente a la herencia política de López Obrador
Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia como heredera política de Andrés Manuel López Obrador. Su legitimidad dentro de Morena se construyó en gran medida sobre la continuidad del proyecto iniciado en 2018. Pero continuidad política no significa necesariamente continuidad absoluta de personas, métodos y alianzas.
Todo presidente necesita construir su propio sistema de poder. La diferencia es que Sheinbaum debe hacerlo sin romper públicamente con el dirigente que conserva la mayor autoridad moral sobre las bases de Morena. Ahí reside una de las contradicciones fundamentales del momento.
López Obrador dejó la Presidencia, pero no desapareció la estructura política construida durante seis años: gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas, empresarios, operadores territoriales, funcionarios, liderazgos estatales y grupos que crecieron bajo la cobertura de la llamada Cuarta Transformación. Sheinbaum heredó ese enorme entramado. Pero también heredó sus problemas.
Por ello puede estarse produciendo gradualmente una diferenciación entre dos momentos históricos de la 4T: el lopezobradorismo como movimiento fundador y el sheinbaumismo como sistema gubernamental en construcción. Todavía no son fuerzas necesariamente enemigas. Pero sus intereses pueden dejar de coincidir.
Harfuch y el nuevo centro de gravedad
Aquí aparece un personaje fundamental: Omar García Harfuch. Su importancia excede la función tradicional de un secretario de Seguridad. La estrategia actual descansa crecientemente en inteligencia, integración de información, coordinación interinstitucional, judicialización y cooperación con agencias estadounidenses.
Esto coloca a Harfuch en el centro de una red que conecta Presidencia, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía, Guardia Nacional, Ejército, Marina y organismos estadounidenses. Su poder deriva precisamente de esa transversalidad.
Durante el sexenio anterior predominó una concepción sintetizada en la expresión “abrazos, no balazos”, acompañada por una creciente militarización de funciones administrativas y de seguridad. Sheinbaum parece estar introduciendo una modificación. No está abandonando a las Fuerzas Armadas. Pero está fortaleciendo significativamente las capacidades civiles de inteligencia e investigación criminal.
Esta diferencia puede parecer técnica, pero tiene enormes implicaciones políticas. Porque investigar redes financieras, comunicaciones, empresas, aduanas, policías locales y funcionarios significa eventualmente encontrar conexiones que atraviesan gobiernos anteriores, gobernadores y estructuras partidistas. El gobierno puede descubrir que combatir seriamente al crimen implica investigar partes del propio sistema que lo llevó al poder.
Ejército y Marina: aliados necesarios, no necesariamente un “bando”
Existe la tentación de interpretar el escenario como una confrontación simple: AMLO contra Sheinbaum. O Palenque contra Palacio Nacional. O incluso Ejército contra Marina. La realidad es todavía más compleja. No existen hasta ahora pruebas públicas suficientes para sostener que las Fuerzas Armadas hayan construido bloques políticos enfrentados alrededor de la sucesión presidencial. Institucionalmente, Defensa y Marina continúan subordinadas al Poder Ejecutivo y participan conjuntamente con Harfuch en el Gabinete de Seguridad.
Pero existe un problema distinto. Durante el sexenio de López Obrador se entregaron enormes responsabilidades administrativas a las Fuerzas Armadas: aeropuertos, aduanas, infraestructura, trenes y diferentes actividades estratégicas. Cuando una institución amplía extraordinariamente sus funciones, también aumenta su superficie de exposición a corrupción, conflictos de interés y penetración criminal.
Las investigaciones relacionadas con contrabando de combustibles adquieren por ello especial relevancia. La propia presidenta reconoció en julio de 2026 que la Secretaría de Marina denunció a integrantes de la institución presuntamente involucrados en una red de entrada ilegal de combustible.
Esto no autoriza a responsabilizar a la Marina como institución. Al contrario. Que una institución denuncie a integrantes propios puede interpretarse precisamente como evidencia de mecanismos internos de depuración. Pero demuestra que el huachicol fiscal puede alcanzar estructuras mucho más sofisticadas de lo que durante años se reconoció públicamente.
Estados Unidos entra en escena
La segunda transformación fundamental ocurre al norte de la frontera. La política estadounidense hacia los cárteles mexicanos ha cambiado sustancialmente. Washington considera cada vez más al narcotráfico —especialmente al relacionado con fentanilo— como un asunto de seguridad nacional. Eso amplía sus instrumentos de presión. El Departamento de Justicia puede procesar narcotraficantes y funcionarios extranjeros.
El Departamento del Tesoro puede congelar activos y perseguir estructuras financieras. La DEA y el FBI pueden desarrollar investigaciones transnacionales. Las autoridades estadounidenses pueden utilizar extradiciones, visas y sanciones económicas.
Además, políticamente existe un poderoso incentivo interno. Las elecciones estadounidenses de noviembre de 2026 ocurrirán en un ambiente donde migración, frontera, fentanilo, narcotráfico y México seguirán siendo asuntos electoralmente sensibles. La consecuencia para nuestro país es evidente: la política interna mexicana comienza a depender también de expedientes que se construyen fuera de México.
Ese elemento altera radicalmente el equilibrio tradicional. Un gobernador mexicano puede controlar su Congreso local, disponer de relaciones nacionales y conservar influencia dentro de su partido. Lo que difícilmente puede controlar es una investigación federal estadounidense.
2027: mucho más que una elección intermedia
El siguiente gran campo de batalla será 2027. El Instituto Nacional Electoral ha confirmado que el 6 de junio de 2027 se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, además de congresos y gobiernos municipales. No será solamente una elección para medir la popularidad del gobierno. Será la primera gran prueba de quién controla realmente Morena después de López Obrador. Las candidaturas revelarán la distribución del poder. ¿Quién decide los candidatos? ¿Los gobernadores? ¿La dirigencia de Morena? ¿Los grupos históricos del lopezobradorismo? ¿La presidenta? ¿Las estructuras regionales?
La respuesta determinará buena parte del camino hacia 2030. Y existe además otra pregunta mucho más delicada: ¿podrá Morena evitar postular candidatos asociados, directa o indirectamente, con redes locales sospechosas de vínculos criminales? El problema tampoco será exclusivo del partido gobernante. PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y partidos locales enfrentan el mismo desafío allí donde las organizaciones criminales ejercen presión territorial. La narcopolítica no tiene una ideología. Busca poder.
Una fractura que todavía puede administrarse
No parece inevitable una ruptura abierta entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. De hecho, ambos tienen enormes incentivos para evitarla. Una guerra interna dividiría a Morena, fortalecería a sus adversarios y pondría en peligro las elecciones de 2027. El escenario más probable podría ser otro:
Una separación gradual y administrada. Sheinbaum conservaría el discurso de continuidad histórica con López Obrador mientras desplaza discretamente a personajes problemáticos, fortalece su propio gabinete, consolida a Harfuch, renueva candidaturas y construye una relación propia con las Fuerzas Armadas y Estados Unidos. Pero esa estrategia tiene un límite.
¿Qué sucedería si las investigaciones alcanzaran a personajes centrales del sexenio anterior? ¿Qué ocurriría si una acusación estadounidense involucrara a otro gobernador relevante, a un exsecretario de Estado o a un personaje cercano al núcleo político del expresidente? En ese momento, Sheinbaum podría enfrentar una decisión histórica: proteger la herencia política de López Obrador o proteger la autoridad del Estado y su propia Presidencia. Ese sería el verdadero punto de ruptura.
La cuestión de fondo: recuperar el Estado
Sin embargo, reducir todo este proceso a una lucha entre personajes sería insuficiente. México enfrenta un problema estructural mucho mayor. Cuando la delincuencia financia campañas, condiciona candidatos, controla policías, amenaza presidentes municipales, penetra aduanas, maneja mercados económicos o establece relaciones con funcionarios, deja de ser únicamente delincuencia organizada. Se convierte en un poder político de facto. Ese fenómeno amenaza al Estado mismo.
Por eso la respuesta no puede depender solamente de capturas espectaculares. México necesita construir instituciones capaces de impedir sistemáticamente la penetración criminal: inteligencia financiera independiente; fiscalías profesionales; policías locales confiables; controles sobre financiamiento electoral; transparencia patrimonial; protección a denunciantes; unidades anticorrupción; cooperación internacional; fortalecimiento del Poder Judicial y auténticos sistemas de rendición de cuentas. También necesita una sociedad civil capaz de vigilar candidatos y gobiernos. La democracia no consiste en contar correctamente los votos. Consiste también en garantizar que quienes compiten por esos votos no hayan sido previamente seleccionados, financiados, coaccionados o capturados por organizaciones criminales.
El dilema de México
La coyuntura puede terminar produciendo una paradoja histórica. La investigación de la narcopolítica podría fracturar al sistema político. Pero también podría ofrecer una oportunidad para sanearlo. Si las investigaciones se utilizan selectivamente para destruir adversarios, México entrará en una nueva fase de persecución política.
Si se bloquean para proteger aliados, avanzará la impunidad. Pero si se aplican con reglas iguales para Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, militares, empresarios y funcionarios, podrían comenzar a reconstruir algo que México ha perdido progresivamente: la autoridad moral y jurídica del Estado. Ese debería ser el verdadero objetivo.
Porque la cuestión central no es quién vence en la disputa entre López Obrador y Sheinbaum. Ni siquiera quién gana las gubernaturas en 2027. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿quién gobernará México: sus instituciones democráticas o las alianzas informales entre dinero, delincuencia y poder político? En esa respuesta se juega mucho más que una elección. Se juega la posibilidad misma del bien común.
Y quizá esa sea una de las grandes batallas políticas y morales que México deberá enfrentar durante los próximos años.