A mi hermano Armando por su cumpleaños;
a la memoria del padre Pancho Almanza
El Instituto Nacional Electoral (INE) está en el ojo del huracán. Los escándalos de corrupción que llevaron a la presidenta de su Consejo General a su renuncia aun podrían alcanzar a la estructura que con ella —y el apoyo del oficialismo que le dio superpoderes— se apoltronó en esa institución. Sin duda la confianza en el INE, por parte de la ciudadanía, se verá afectada. Antes de los escándalos, dicha institución lograba una confianza del 52% (1). ¿Inhibirá esto al electorado en 2027? No lo sé.
La confianza es difícil de construir y muy fácil destruirla. Así lo muestra la historia del IFE-INE como organismo ciudadano primero y autónomo después. Eso fue posible por el consenso y también por la confianza entre actores políticos y consejeros ciudadanos. Esa alianza era necesaria. Como la historia reciente lo constata, desde las reformas electorales de 1977, que abrió la pluralidad partidista, hasta una primera consolidación en 1996 con la autonomía completa del IFE, el camino fue arduo.
Esa consolidación inicial, ciudadanización y autonomía del gobierno, dieron al entonces IFE un elemento esencial de la confianza: su legitimidad. No hay que olvidar que los integrantes del primer Consejo General, con Woldenberg a la cabeza, arroparon y dieron cauce a esa legitimidad. Una organización, cualquiera que sea, sin legitimidad no tiene aceptación ni inserción social. La sociedad no sólo la reconoce, sino que se identifica con dicha organización si hay suficiente legitimidad. Eso pasó con el IFE en esos años.
Las elecciones no sólo se ciudadanizaron, sino se profesionalizaron. Y aquí se da un segundo elemento para que una organización sea reconocida socialmente: que funcione, que —administrativa y operativamente— opere bien; en suma, que sea eficaz y eficiente. Eso se logró y se consolidó con el Servicio Profesional Electoral hasta hoy. Pero la operatividad, por muy bien que esté funcionando, sin la legitimidad, no basta. En la elección de 2006 hubo en el IFE mejor funcionalidad, pero decayó la legitimidad.
Un tercer elemento para que cualquier organización tenga arraigo y aceptación social es que camine en el orden jurídico, que cumpla la ley y —en el caso del IFE, hoy INE— que haga cumplir la ley. Eso lo vimos con los consejos encabezados por Woldenberg, Ugalde, Valdés Zurita y con Lorenzo Córdova, que metieron a raya a los actores políticos; en 2021 el INE negó el registro como candidatos a gobernador a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco por no reportar gastos de precampaña, habiéndolas hecho.
Lo anterior fue antes de que Guadalupe Taddei llegara al INE. A los escándalos de corrupción que terminaron defenestrándola se venía acumulando su inacción ante la movilización electoral de los partidos políticos, especialmente del oficialismo. Tanto los escándalos de corrupción, que han herido su legitimidad, como el no hacer cumplir la ley, que ha desatado la movilidad electoral ilegal de los actores políticos, han minado la confianza en el INE. El Servicio Profesional Electoral parece no estar minado.
Sin embargo, es muy difícil que una institución sólo se sostenga en su funcionalidad. Sin suficiente legitimidad y sin caminar cabalmente por los marcos jurídicos que tiene establecidos tanto en la Constitución como en las diversas leyes electorales, una institución como el INE difícilmente mantendrá su inserción, adhesión y confianza de la sociedad. Ese es el reto que tienen, por un lado, el oficialismo en la Cámara de Diputados, y, por otro lado, el propio Consejo General del INE.
Está en juego el INE, su credibilidad y legitimidad, y con ello también está en juego la credibilidad y legitimidad de la elección federal. No basta el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), una mesa de tres patas no funciona con una sola. Si el oficialismo quiere legitimidad para volver a acceder a la Cámara de Diputados, tiene que otorgarla en el nombramiento de un nuevo presidente o presidenta del INE que retome los principios de su ser y quehacer marcados en la ley. Requiere consenso con la oposición y con la sociedad.
Por otro lado, el Consejo General también necesita respetar y hacer valer la ley con todos los actores políticos, sin cargar dados y sin ser omiso en sus atribuciones. Requiere retomar los principios de la acción electoral: Certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, legalidad y máxima publicidad. La falta de consenso en un organismo colegiado resta legitimidad en las decisiones y actuaciones electorales. Da la impresión de que sus integrantes buscan congraciarse con el poder, sin darse cuenta que su poder es precisamente adherirse a esos principios para legitimarse ante el poder y ante la sociedad.
¿Es difícil lo anterior? Sí, lo es. Más cuando el oficialismo, desde arriba (Sheinbaum) y desde atrás (López Obrador), ha endurecido y endiosado su postura: no reconoce a la oposición ni los justos reclamos de la sociedad civil. Hace falta una persona, o un grupo de personas, inteligente que —como Reyes Heroles en 1977— convenza al régimen de reconocer la pluralidad partidista de México y de abrirse al consenso con la oposición para tomar las decisiones sobre la marcha y administración del país.
Lo anterior podría salvaguardar no sólo la legitimidad del INE y de la elección federal de 2027, sino la vida misma de la república y de la democracia en el país. Y eso que vale para el INE en el ámbito federal, vale también para los organismos electorales locales (OPLEs). Sé, por experiencia personal, que de suyo es ardua y difícil la construcción de la legitimidad electoral, pero en las circunstancias actuales es urgente y emergente hacerlo. La sociedad civil tiene que exigirla para acudir a las urnas con confianza en que su voto cuente y esté bien representado. Hace falta esto por el bien del país. De lo contrario puede haber un colapso, del INE, pero no sólo de éste.
Nota
1 Alejandro Moreno, Morena aventaja en preferencias hacia elecciones 2027: Encuesta EF, El Financiero, 19/Oct/2026, https://lix.li/KbHc6.